1. Seguro social de salud
En comparación con previsión social y riesgos del trabajo, el área de los seguros de salud es la que todavía más conserva los antiguos criterios que caracterizaron la organización de la seguridad social argentina.
La modernización de este componente de la seguridad social es crucial desde el punto de vista del bienestar y de la eficiencia.
Las áreas de reforma incluyen aspectos relativos al financiamiento y las regulaciones. Sobre esta últimas es fundamental continuar avanzando hacia un mercado plenamente competitivo y abierto. Es igual de importante establecer el marco regulatorio que corrija o atempere las innumerables fallas de mercado que caracterizan al mercado de salud. Por el lado del financiamiento es necesario continuar la reducción de contribuciones patronales y establecer los mecanismos que permitan garantizar a todo trabajador, los recursos necesarios para cubrir el paquete básico.
2. Enfermedades inculpables
La modernización de este instituto laboral requiere eliminar su cobertura a través de las responsabilidades que impone la legislación laboral al empleador y conceptualizarlo como otro de los componentes de la seguridad social.
Desde el punto de vista operativo, se pueden imaginar una gran cantidad de variantes a tener en cuanta para la cobertura de las enfermedades no laborales a través de la seguridad social. Cada una de ellas tienen beneficios y costos que deben ser cuidadosamente evaluados. La versión predominante en otros países es que los salarios caídos durante una enfermedad sean financiados por un organismo de la seguridad social.
En el caso argentino se podría lograr por vía reglamentaria y de una manera simple delegando esta función a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Mucho más complejo desde el punto de vista legal y operativo sería cumplir esta función desde el sistema de obras sociales.
La idea básica partiría de separa las contingencias leves (de corta duración y muy difícil control) de las graves (de larga duración y más fácil control).
Para las leves la cobertura se realizaría a través de una contribución patronal a una cuenta individual de capitalización. El trabajador, frente a una enfermedad de corta duración, financiaría los salarios caídos girando contra dicha cuenta. El empleador tendría previsibilidad sobre los costos y se liberaría de administrar complejos y conflictivos sistemas de control.
3. Asignaciones familiares
El desproporcionado impacto del sistema de asignaciones familiares sobre los costos laborales permite distorsionar la importancia de su reforma. Ponderando urgencias y factibilidad el primer paso es combatir el fraude mejorando los mecanismos de control. Cubriendo las grietas que tiene el sistema de pago a través de la compensación actualmente vigente se pueden derivar ahorros muy importantes.
En una perspectiva más estructural hay que continuar con el replanteo de las prestaciones (contingencias cubiertas, montos, focalización, población cubierta) y el mecanismo de financiamiento (impuestos generales en lugar de impuestos al salario).
4. Impuestos al trabajo
En la medida en que la solidaridad es tratada en el marco general de la política fiscal, y conceptualizando los aportes y contribuciones a la seguridad social como la contrapartida por la cobertura de determinadas contingencias, tiende a desaparecer la idea de impuestos al salario. Se trata de un camino ya iniciado a través de la reducción de contribuciones patronales y la creciente participación de impuestos generales en el financiamiento del sistema provisional, pero requieren perseverancia hacia el futuro.
La idea básica es disminuir incentivos perversos e iniquidades. En este orden de ideas es crucial coordinar los impuestos al salario con el impuesto a las ganancias eliminando los tratamientos injustificadamente discriminatorios que actualmente se contemplan.
5. Soluciones a los nuevos problemas
La delegación de la gestión de la seguridad social a entidades de derecho privado operando en un contexto de competencia constituyen la base del proceso de modernización. La experiencia tanto internacional como las más recientes reformas producidas en nuestro país respaldan esta afirmación, con ganancias claras tanto en eficiencia como en equidad. La aplicación de capitales y capacidad de gestión e innovación provenientes del sector privado a la consecución de los viejos objetivos de la seguridad social han permitido encontrar instancias superadoras frente a las limitaciones que enfrenta la administración estatal.
Sin perjuicio de estas ventajas, la gestión privada de la seguridad social plantea nuevos roles y desafíos al Estado. En este sentido, juego un papel decisivo la generación de incentivos que conduzcan a un comportamiento eficiente de los operadores privados.
La generación de un ambiente propicio para que la competencia entre entidades privadas conduzca a soluciones eficientes no constituye un objetivo simple. En muchos casos, se trata de una tarea de diseño y administración compleja. En la incipiente experiencia argentina ya se acumulan buena cantidad de ejemplos. Probablemente el más importante e ilustrativo sean las elevadas comisiones que cobran las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. En la medida en que maduren y se profundicen las reformas, este tipo de problemas constituirán los nuevos componentes de la agenda de políticas públicas.
En comparación con previsión social y riesgos del trabajo, el área de los seguros de salud es la que todavía más conserva los antiguos criterios que caracterizaron la organización de la seguridad social argentina.
La modernización de este componente de la seguridad social es crucial desde el punto de vista del bienestar y de la eficiencia.
Las áreas de reforma incluyen aspectos relativos al financiamiento y las regulaciones. Sobre esta últimas es fundamental continuar avanzando hacia un mercado plenamente competitivo y abierto. Es igual de importante establecer el marco regulatorio que corrija o atempere las innumerables fallas de mercado que caracterizan al mercado de salud. Por el lado del financiamiento es necesario continuar la reducción de contribuciones patronales y establecer los mecanismos que permitan garantizar a todo trabajador, los recursos necesarios para cubrir el paquete básico.
2. Enfermedades inculpables
La modernización de este instituto laboral requiere eliminar su cobertura a través de las responsabilidades que impone la legislación laboral al empleador y conceptualizarlo como otro de los componentes de la seguridad social.
Desde el punto de vista operativo, se pueden imaginar una gran cantidad de variantes a tener en cuanta para la cobertura de las enfermedades no laborales a través de la seguridad social. Cada una de ellas tienen beneficios y costos que deben ser cuidadosamente evaluados. La versión predominante en otros países es que los salarios caídos durante una enfermedad sean financiados por un organismo de la seguridad social.
En el caso argentino se podría lograr por vía reglamentaria y de una manera simple delegando esta función a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Mucho más complejo desde el punto de vista legal y operativo sería cumplir esta función desde el sistema de obras sociales.
La idea básica partiría de separa las contingencias leves (de corta duración y muy difícil control) de las graves (de larga duración y más fácil control).
Para las leves la cobertura se realizaría a través de una contribución patronal a una cuenta individual de capitalización. El trabajador, frente a una enfermedad de corta duración, financiaría los salarios caídos girando contra dicha cuenta. El empleador tendría previsibilidad sobre los costos y se liberaría de administrar complejos y conflictivos sistemas de control.
3. Asignaciones familiares
El desproporcionado impacto del sistema de asignaciones familiares sobre los costos laborales permite distorsionar la importancia de su reforma. Ponderando urgencias y factibilidad el primer paso es combatir el fraude mejorando los mecanismos de control. Cubriendo las grietas que tiene el sistema de pago a través de la compensación actualmente vigente se pueden derivar ahorros muy importantes.
En una perspectiva más estructural hay que continuar con el replanteo de las prestaciones (contingencias cubiertas, montos, focalización, población cubierta) y el mecanismo de financiamiento (impuestos generales en lugar de impuestos al salario).
4. Impuestos al trabajo
En la medida en que la solidaridad es tratada en el marco general de la política fiscal, y conceptualizando los aportes y contribuciones a la seguridad social como la contrapartida por la cobertura de determinadas contingencias, tiende a desaparecer la idea de impuestos al salario. Se trata de un camino ya iniciado a través de la reducción de contribuciones patronales y la creciente participación de impuestos generales en el financiamiento del sistema provisional, pero requieren perseverancia hacia el futuro.
La idea básica es disminuir incentivos perversos e iniquidades. En este orden de ideas es crucial coordinar los impuestos al salario con el impuesto a las ganancias eliminando los tratamientos injustificadamente discriminatorios que actualmente se contemplan.
5. Soluciones a los nuevos problemas
La delegación de la gestión de la seguridad social a entidades de derecho privado operando en un contexto de competencia constituyen la base del proceso de modernización. La experiencia tanto internacional como las más recientes reformas producidas en nuestro país respaldan esta afirmación, con ganancias claras tanto en eficiencia como en equidad. La aplicación de capitales y capacidad de gestión e innovación provenientes del sector privado a la consecución de los viejos objetivos de la seguridad social han permitido encontrar instancias superadoras frente a las limitaciones que enfrenta la administración estatal.
Sin perjuicio de estas ventajas, la gestión privada de la seguridad social plantea nuevos roles y desafíos al Estado. En este sentido, juego un papel decisivo la generación de incentivos que conduzcan a un comportamiento eficiente de los operadores privados.
La generación de un ambiente propicio para que la competencia entre entidades privadas conduzca a soluciones eficientes no constituye un objetivo simple. En muchos casos, se trata de una tarea de diseño y administración compleja. En la incipiente experiencia argentina ya se acumulan buena cantidad de ejemplos. Probablemente el más importante e ilustrativo sean las elevadas comisiones que cobran las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. En la medida en que maduren y se profundicen las reformas, este tipo de problemas constituirán los nuevos componentes de la agenda de políticas públicas.
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